No puede pasar desapercibido el tremendo golpanazo que le metieron a la administración de Eduardo Bours Castelo al acreditar ayer que hubo una conducta que se puede calificar de delictiva por parte de personal de primer nivel en la Secretaría de Hacienda para sacar del erario público nada más y nada menos que 186 millones de pesos.
La verdad es que la información que soltó ayer el contralor Carlos Tapia Astiazarán no hace más que confirmar lo que ya se sospechaba, que se sacó dinero de las cuentas del gobierno estatal, por medio de 74 cheques, mismos que fueron expedidos a nombre de empleados del gobierno estatal quienes nunca se enteraron de la danza de millones a su alrededor.
También que esos cheques se endosaron y cobraron en las distintas instituciones bancarias en una operación que no puede calificarse como otra cosa que como un robo en despoblado, planificado y ejecutado en el más alto nivel de la administración pública, con el objetivo de financiar la campaña del PRI en el proceso electoral de 2009.
Y es que por más que la causa penal por peculado, uso indebido de atribuciones, ejercicio indebido del servicio público y falsificación se haya comprobado en contra de la extesorera Paola Vanezza García Estrada y de su asistente Dulce María Huerta Meza, a mi me queda muy claro que quienes ordenaron esos movimientos estaban muy arriba en el gobierno del estado, de hecho en las oficinas del segundo piso de Palacio de Gobierno.
Y es que resulta increíble que en una administración en la que no se movían ni las hojas de los árboles en la Plaza Zaragoza, sin que el gobernador se enterara, le hayan metido un gol de ese tamaño.
Y lo peor es que las fechas en se practicó ese saqueo sistemático están documentadas de febrero a julio de ese 2009, lo que me hace pensar que se fondearon las campañas priistas por esa vía.
Como es de sobra conocido en política no hay casualidades y este escándalo se destapa en la fase final de las campañas, dentro de un proceso sumamente ríspido, precisamente entre el grupo que vino a desplazar a los boursistas del poder, es decir los padrecistas y el nuevo Sonora, y lo que quedó de ese grupo antes invencible e intocable que formó el ex gobernador.
Estamos a dos semanas del 01 de julio y es evidente que este asunto tendrá un alto costo en la credibilidad de los candidatos priistas, mismo que será aprovechado por las distintas fórmulas del PAN en todos los niveles, porque lo que se hizo desde el gobierno del estado hace exactamente tres años, es un acto criminal y voraz, con el que se pretendió mantener el poder a toda costa.
La historia ya la conocemos, la gente salió a votar contra el grupo boursista y quienes pretendieron establecer un maximato en Sonora se quedaron con un palmo de narices y un delirio por el poder perdido, que hasta la fecha trae mareados a más de tres.
Por supuesto es de esperarse que este asunto tenga consecuencias, que se aprehenda a las presuntas responsables de este saqueo de recursos públicos, que no son más que la punta de la madeja, de una red de complicidades, que puede provocar un verdadero cisma en la cúpula del priismo, en especial entre aquellos adictos al boursismo que todavía circulan por ahí.
Pienso que esos 186 millones de pesos no son más que la punta del iceberg, de una administración que se distinguió por los enormes negocios que se hicieron al amparo del poder, porque en la administración de Eduardo Bours los amigos eran muy bien tratados, y los considerados enemigos, simplemente fueron marginados.
